Artículos de Ley Judicial serían inconstitucionales 
Cochabamba - Bolivia - Opinión, 01-Jul-2010
La Ley del Órgano Judicial Plurinacional, promulgada a fines de la semana pasada, tiene tantos errores y violenta derechos básicos de las personas, que algunas de sus disposiciones pueden ser demandadas por inconstitucionales, anunció el abogado y ex defensor del Pueblo, Waldo Albarracín.
Mencionó que entre los aspectos preocupantes y violatorios de derechos básicos está la norma que señala que no podrán postularse los defensores de separatistas. Tendría que especificarse a qué se refiere, señaló.
Albarracín dijo que no se debe olvidar que el derecho a la defensa es insoslayable, constitucional y humano, por lo que si cualquier abogado va a ser vetado por ley por el sólo hecho de haber ejercido su profesión, defendiendo a una persona acusada de separatista, se estaría atentando contra este principio universal de defensa.
"¿Quién va a querer defender a una persona acusada de un delito que sea entendido como separatista? Se estarían creando las condiciones para que este tipo de personas, acusadas por estos hechos, ya no tengan derecho a ningún abogado porque cualquier abogado que se atreva a defenderlos estaría automáticamente inhabilitándose para postular posteriormente a cargos de magistrado.
Es un aspecto que debe sopesarse, especialmente en el momento en el que el Tribunal Constitucional advierta esto", dijo Albarracín.
Advirtió sobre la probabilidad de que esa norma, respecto a este artículo, pueda ser demandada de inconstitucional.
Albarracín señaló que hay otro factor, que si bien no está en la norma, obedece a la práctica política sobre la que se debería reflexionar y es que se puede lograr la ley más progresista del Continente, pero si no existe la voluntad política de las autoridades políticas para permitir la consolidación de los órganos judiciales como instituciones absolutamente independientes, el país no va a avanzar en este tema.
"Mientras los poderes políticos, puede ser el Gobierno nacional o departamentales u otras instancias, sigan a como dé lugar manipulando para intentar introducir en los órganos judiciales a sus militantes o abogados de su confianza, mientras continúe esa vieja práctica política, por más que tengamos la ley más progresista el problema va a continuar desde el punto de vista de que los jueces se subordinan en sus fallos a los designios de la instancia política", enfatizó.
El ex defensor del Pueblo enfatizó la necesidad de buscar que, paralelamente a la norma, exista un cambio de actitud en las instancias políticas. "De tal manera que hacia delante, los tribunales integrados por jueces y magistrados, se subordinen al ordenamiento jurídico y el Estado le garantice eso, para que no exista ni presión, ni manipulación desde las instancias de poder político no sólo para dictar los fallos sino para permitir que los profesionales que intentan llegar a ejercer estos cargos consoliden su nombramiento en base a los méritos y no a la vinculación política con los partidos".
También criticó el hecho de que tanto la Asamblea Legislativa como el llamado "control social", evaluarán los expedientes de los candidatos a magistrados en las elecciones de diciembre de este año. La nueva ley dice textual: "La Asamblea Legislativa y el control social evaluarán los expedientes y seleccionarán a seis postulantes, tres de cada sexo por cada departamento".
Albarracín dijo que es visible el afán de controlar los órganos judiciales por la instancia política "que va a seguir metiendo sus narices, entonces estamos en lo mismo. Y es acá donde deberá haber un comportamiento distinto de quienes tienen que garantizar que hacia delante se dé lugar a una nueva cultura democrática en torno al funcionamiento de los órganos judiciales".
"Son las instancias políticas las que deben dejar de actuar con esa angurria de querer controlarlo todo y pensar que solamente poniendo en estos cargos a sus correligionarios van a tener seguridad. No es así", enfatizó.
Agregó que es necesario que se procure que los mejores ciudadanos lleguen a ejercer cargos jurisdiccionales y la garantía es la transparencia, la idoneidad y efectividad. "Si siguen los correligionarios amparados por sus partidos para llegar a cargos, vamos a seguir patinando".
Otro aspecto que preocupa de la Ley del Órgano Judicial Plurinacional ya vigente, según Albarracín, y que puede interpretarse como discriminación, es la exigencia mínima de que cualquier candidato hable dos idiomas.
Puntos positivos de la nueva ley
En opinión del abogado y ex Defensor del Pueblo, Waldo Albarracín, existen varios puntos positivos de la Ley del Órgano Judicial Plurinacional, promulgada recientemente por el presidente Evo Morales. Entre ellas mencionó las siguientes:
-Es una norma progresista porque tiende a mejorar la estructura del Poder Judicial y el funcionamiento del sistema de administración de justicia.
-Consolida el Tribunal Supremo de Justicia y el Consejo de la Magistratura, aspectos que si bien están previstos en la Constitución, en la ley hay un señalamiento de sus atribuciones más específico.
-Los tribunales departamentales que hasta ahora se denominaban Cortes de Distrito, tienen una mejor estructura y el número de vocales que va a tener cada tribunal departamental estará en proporción de la cantidad de habitantes de un departamento.
-El principio de gratuidad que implica que el litigante no va a sufrir ningún costo en sus demandas.
Actualmente, el principio de gratuidad en la justicia no se cumple porque un juicio tiene un costo muy grande.
-En cuanto a los nombramientos, se tiende a garantizar la igualdad y equidad de género para que mujeres y varones tengan las mismas oportunidades que establece la alternabilidad de varones y mujeres.
-Otorga similar jerarquía a la jurisdicción indígena originaria campesina y a la justicia ordinaria.
-Establece que si bien hay la posibilidad de ampliar la competencia de un juzgado para que pueda procesar a personas que no son de ese distrito, esa situación está condicionada a la aceptación de las partes.
"La gratuidad de la justicia puede llevar a la debacle"
ENTREVISTA Bernardo Wayar - Abogado
La absoluta gratuidad del servicio de justicia a que obliga la recién promulgada Ley del Órgano Judicial Plurinacional, puede conducir a un debacle económico en la parte administrativa de los tribunales, porque los pagos que hacen los litigantes son prácticamente los que sostienen el sistema, advirtió el Colegio de Abogados de La Paz.
El presidente del ente colegiado, Bernardo Wayar, dijo a OPINIÓN que la supresión de los valores y aranceles judiciales significa que no se tiene que pagar por el servicio de la justicia.
"No entiendo de qué manera un país pobre como Bolivia va a poder sostener un Poder Judicial que además se pretende sea eficiente, con mayor cantidad de juzgados, y que no solamente esté en 180 municipios sino en la totalidad que son más de 300. No entiendo cómo se va a suplir esa deficiencia presupuestaria", señaló.
Enfatizó que la ley elimina todos los recursos propios que tenía el Poder Judicial y al no contar con esos ingresos no podrá llevar adelante tareas de investigación, realizar compra de inmuebles, instalar nuevos juzgados y bibliotecas, así como adquirir equipos técnicos, situación que calificó como muy grave.
Dijo que la anulación de ingresos propios es radical y no tiene que ver con la venta de valores que beneficia a los Colegios de Abogados.
Afirmó que el ingreso por esos conceptos era determinante hasta ahora. "Esto mantenía la mitad del presupuesto del Poder Judicial. No hay un país en el mundo, uno solo, salvo en aquellos países que todavía están en la órbita comunista, que no le cobre a sus ciudadanos por el servicio de justicia".
Aclaró que los cobros deben ser racionales ya que para las personas que no tienen ingresos para sostener un proceso, se aplica el procedimiento abreviado que implica el servicio de total gratuidad. "Es un procedimiento donde aquella persona que acredita tener los suficiente para vivir, pero no para poder pagar un proceso se le da una resolución y el proceso es gratuito. Si gana ese proceso le devuelve lo que el Estado ha gastado en el proceso".
Preguntó de dónde sacará dinero el Estado para solventar esos gastos, ya que incluso los países ricos no pueden sostener su justicia en forma totalmente gratuita.
Otro tema que le preocupa en relación a la nueva ley es la selección de magistrados. "Hay una diferencia entre el Tribunal Supremo de Justicia que se elige por circunscripción departamental y el Tribunal Agroambiental que se elige por circunscripción nacional. Esto está mal".
También apuntó a la parte de la preselección sujeta a calificación meritocrática pero sin examen de idoneidad para verificar las destrezas, idoneidades e independencia de los magistra-
dos. "Imagino que va a primar el criterio político más que el criterio técnico que debería imponerse en este tipo de leyes", enfatizó. Wayar explicó que en otros países es obligatorio el examen del postulante ante un tribunal de profesionales meritorios, sobre la base de un caso concreto que el postulante debe resolver como si fuese juez.
Ley del Órgano Judicial entrará en vigencia plena en 2 años
Cecilia Ayllón
Parlamentaria del MAS
La Ley del Órgano Judicial, entrará en plena vigencia en los próximos dos años, según afirmó la presidenta de la Comisión de Justicia Plural de la Cámara de Diputados, Cecilia Ayllón. La parlamentaria manifestó que la Ley del Órgano Judicial reestructura completamente al actual Poder Judicial, sobre todo en la celeridad de solución de casos. "Ya no tenemos esa justica tediosa, hay una sola línea de lo que son los jueces".
"Esta ley no va a entrar inmediatamente en vigencia, estamos hablando de un aparato burocrático que se ha construido en décadas. Entonces, nosotros tenemos previsto que en dos años recién estará en plena vigencia".
Destacó que la Ley del Órgano Judicial garantiza la gratuidad en sus procedimientos y actuaciones lo cual ha sido destacado por el presidente de la Cámara de Diputados, Héctor Arce, como una medida "verdaderamente humana", sin discriminaciones, sin exclusiones.
Una justicia en la que cuando vayamos a un juzgado, vayamos de corbata o de poncho, seamos tratados con dignidad de bolivianos", aseguró.
El defensor del litigante y la conciliación, son los dos avances más importantes de la ley a favor del ciudadano, aseguró, ya que piensa en el litigante y ya no en los privilegios de los jueces y abogados, aunque dichas medidas han sido criticadas por la oposición que consideran que estos elementos por un lado le quitan independencia al Poder Judicial y por otro eliminan la conciliación y arbitraje que se ejercía a traves de la Cámara de Comercio.
Sobre las elecciones de las autoridades judiciales, Cecilia Ayllón informó que "por primera vez en Bolivia y también en el mundo" se realizará una elección de magistrados elegidos a través del voto universal y directo. Además se garantiza la participación de un 50% de mujeres.
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