Evo promulga la Ley Aduanera pero el reglamento no avanza 
La Prensa, La Paz, 11 de Agosto, 2010: Tras haberse aprobado el lunes la Ley Modificatoria de la Ley General de Aduanas y el Código Tributario en la Cámara de Senadores, anoche el presidente Evo Morales promulgó la norma, aunque el reglamento no logra consensuarse aún a plenitud.
El ministro de Economía, Luis Arce; la presidenta de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB), Marlene Ardaya, y los titulares de las Cámaras de Senadores y Diputados, René Martínez y Héctor Arce, respectivamente, fueron los encargados de difundir la ley. En la presentación de la norma no estuvo el primer mandatario.
Las autoridades coincidieron en señalar que la nueva ley tiene un contenido jurídico que mejora la lucha contra los delitos originados por el contrabando. Entre los aspectos que resaltó el diputado Arce están la incorporación en el art. 176 del Código Tributario la figura de la confiscación de los instrumentos de delitos y el endurecimiento de las penas privativas de libertad, aspectos criticados por el sector del transporte y también el de los gremiales.
Apenas se aprobó la Ley, surgieron las reacciones de algunas federaciones gremiales cuyos afiliados amenazan con crucificarse en inmediaciones de las aduanas distritales, además de marchar en protesta desde Oruro hasta La Paz. El sector del transporte optó por escuchar al Gobierno antes de definir medidas.
No obstante, antes de oficializar medidas radicales, el sector gremial convocó a un ampliado nacional de emergencia en Cochabamba para adoptar determinaciones. Por su lado, el transporte también realizará un ampliado en la capital del valle para recibir una explicación, en detalle, de la normativa de parte de la presidenta de la Aduana Nacional, Marlene Ardaya, y de la viceministra de Política Tributaria, Susana Ríos.
Empero, la situación se presenta complicada, pues la Confederación de Trabajadores Gremiales de Bolivia denunció que el Gobierno hace oídos sordos' a sus peticiones. Ignacio Dávalos, dirigente gremial de La Paz, exteriorizó su preocupación porque el Ministerio de Economía se resiste a modificar la normativa, por lo que continúa la tensión en el sector; sin embargo, el dirigente gremial Dávalos admitió que hay división en la organización.
A su turno, el dirigente gremial de Santa Cruz, Róger Lavardenz, dijo: "Hemos votado por Evo Morales y él nos ha tirado un manazo, pero nosotros no somos Jesucristo para darle la otra mejilla y que continúe golpeándonos. Vamos a tomar determinaciones fuertes. Nosotros vamos a plantear marchar el jueves desde Oruro a La Paz y una vez allí nos crucificaremos y haremos una huelga general indefinida".
El Ministerio de Economía y Finanzas informó de que sigue con la tarea de socialización de la nueva ley. El titular de esta cartera, Luis Alberto Arce, se reunió ayer con gremiales de Oruro, quienes acordaron suspender las medidas de presión.
Por su parte, la viceministra de Política Tributaria, Susana Ríos, sostuvo reuniones con dirigentes gremiales de varias ciudades del país, sin lograr consenso.
Peticiones de los afectados
Dentro de lo que significa la promulgación de la reforma a la Ley de Pensiones y Código Tributario, que fue apurada por el Gobierno y el Movimiento Al Socialismo (MAS), los dos sectores en conflicto apuntan a hacer prevalecer sus observaciones en la redacción de la reglamentación de la normativa.
Los comerciantes informales piden que se respete el Régimen Simplificado y que en las zonas fronterizas, el Control Operativo Aduanero (COA) y el personal de la Aduana haga prevalecer este documento. El Ministerio de Economía alista la firma de un documento que promete respetar el tema.
Respecto a sus capitales, piden respetar el Régimen Simplificado hasta un capital de 37.000 bolivianos. No obstante, varias federaciones están en desacuerdo con este punto y alistan plantear un mayor monto. El asunto será analizado hoy.
Además, plantean garantías para los liberados de impuestos (de 0 a 12.000 bolivianos) en las fronteras. Piden que el Control Operativo Aduanero (COA) los deje operar en las fronteras. El Gobierno analiza el tema.
En cuanto a los transportistas, la norma prevé la incautación de bienes y eleva las penas privativas de libertad de 3 a 10 años, para los involucrados en el contrabando. Los transportistas plantean que se los excluya de la "responsabilidad" pues ellos sólo transportan mercancías y además piden que sus vehículos no sean incautados. El Gobierno aclaró que esta es una responsabilidad tanto de los importadores como de los transportistas. El tema está en debate.
Los dueños de casas deben exigir a quienes alquilan espacios, un certificado que acredite que es un comerciante legal. De encontrarse contrabando en el domicilio, el dueño será sujeto de proceso e incautación de su predio, según la nueva normativa.
Fuente: La Prensa
Fecha: 11-Ago-2010
El ministro de Economía, Luis Arce; la presidenta de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB), Marlene Ardaya, y los titulares de las Cámaras de Senadores y Diputados, René Martínez y Héctor Arce, respectivamente, fueron los encargados de difundir la ley. En la presentación de la norma no estuvo el primer mandatario.
Las autoridades coincidieron en señalar que la nueva ley tiene un contenido jurídico que mejora la lucha contra los delitos originados por el contrabando. Entre los aspectos que resaltó el diputado Arce están la incorporación en el art. 176 del Código Tributario la figura de la confiscación de los instrumentos de delitos y el endurecimiento de las penas privativas de libertad, aspectos criticados por el sector del transporte y también el de los gremiales.
Apenas se aprobó la Ley, surgieron las reacciones de algunas federaciones gremiales cuyos afiliados amenazan con crucificarse en inmediaciones de las aduanas distritales, además de marchar en protesta desde Oruro hasta La Paz. El sector del transporte optó por escuchar al Gobierno antes de definir medidas.
No obstante, antes de oficializar medidas radicales, el sector gremial convocó a un ampliado nacional de emergencia en Cochabamba para adoptar determinaciones. Por su lado, el transporte también realizará un ampliado en la capital del valle para recibir una explicación, en detalle, de la normativa de parte de la presidenta de la Aduana Nacional, Marlene Ardaya, y de la viceministra de Política Tributaria, Susana Ríos.
Empero, la situación se presenta complicada, pues la Confederación de Trabajadores Gremiales de Bolivia denunció que el Gobierno hace oídos sordos' a sus peticiones. Ignacio Dávalos, dirigente gremial de La Paz, exteriorizó su preocupación porque el Ministerio de Economía se resiste a modificar la normativa, por lo que continúa la tensión en el sector; sin embargo, el dirigente gremial Dávalos admitió que hay división en la organización.
A su turno, el dirigente gremial de Santa Cruz, Róger Lavardenz, dijo: "Hemos votado por Evo Morales y él nos ha tirado un manazo, pero nosotros no somos Jesucristo para darle la otra mejilla y que continúe golpeándonos. Vamos a tomar determinaciones fuertes. Nosotros vamos a plantear marchar el jueves desde Oruro a La Paz y una vez allí nos crucificaremos y haremos una huelga general indefinida".
El Ministerio de Economía y Finanzas informó de que sigue con la tarea de socialización de la nueva ley. El titular de esta cartera, Luis Alberto Arce, se reunió ayer con gremiales de Oruro, quienes acordaron suspender las medidas de presión.
Por su parte, la viceministra de Política Tributaria, Susana Ríos, sostuvo reuniones con dirigentes gremiales de varias ciudades del país, sin lograr consenso.
Peticiones de los afectados
Dentro de lo que significa la promulgación de la reforma a la Ley de Pensiones y Código Tributario, que fue apurada por el Gobierno y el Movimiento Al Socialismo (MAS), los dos sectores en conflicto apuntan a hacer prevalecer sus observaciones en la redacción de la reglamentación de la normativa.
Los comerciantes informales piden que se respete el Régimen Simplificado y que en las zonas fronterizas, el Control Operativo Aduanero (COA) y el personal de la Aduana haga prevalecer este documento. El Ministerio de Economía alista la firma de un documento que promete respetar el tema.
Respecto a sus capitales, piden respetar el Régimen Simplificado hasta un capital de 37.000 bolivianos. No obstante, varias federaciones están en desacuerdo con este punto y alistan plantear un mayor monto. El asunto será analizado hoy.
Además, plantean garantías para los liberados de impuestos (de 0 a 12.000 bolivianos) en las fronteras. Piden que el Control Operativo Aduanero (COA) los deje operar en las fronteras. El Gobierno analiza el tema.
En cuanto a los transportistas, la norma prevé la incautación de bienes y eleva las penas privativas de libertad de 3 a 10 años, para los involucrados en el contrabando. Los transportistas plantean que se los excluya de la "responsabilidad" pues ellos sólo transportan mercancías y además piden que sus vehículos no sean incautados. El Gobierno aclaró que esta es una responsabilidad tanto de los importadores como de los transportistas. El tema está en debate.
Los dueños de casas deben exigir a quienes alquilan espacios, un certificado que acredite que es un comerciante legal. De encontrarse contrabando en el domicilio, el dueño será sujeto de proceso e incautación de su predio, según la nueva normativa.
Fuente: La Prensa
Fecha: 11-Ago-2010
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