Cochabamba - Bolivia - Los Tiempos, 14-Jun
El asesinato de cuatro policías en los ayllus de Uncía el mes pasado ha develado una vez más que las poblaciones rurales pueden doblegar al Gobierno y que tienen mucho más que el control de su territorio.
Frente a esta realidad, las autoridades gubernamentales se contradicen. Unas niegan que el Estado haya perdido el control de varias poblaciones del país, mientras otras admiten que ciertos territorios, al menos unos 10 conocidos como "zonas rojas", ubicados principalmente en las fronteras, son lugares inaccesibles frente al crecimiento del narcotráfico y el contrabando bajo el amparo y el control de las comunidades.
Lo sucedido en Uncía ha puesto al descubierto la debilidad estatal y el Gobierno se ha visto obligado a negociar la entrega de los cuerpos de los cuatro efectivos policiales ejecutados por un presunto problema de contrabando de autos "chutos" (indocumentados) ante la decisión de los ayllus del norte de Potosí de no dejar investigar y que se conozca quiénes fueron los autores de las muertes. El argumento de los pobladores es que hicieron "justicia comunitaria" con los uniformados.
A raíz de lo sucedido en Uncía, que no es el primer hecho registrado en esa zona, la presidenta de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB), Marlene Ardaya, dijo que en el país existen unas 10 "zonas rojas" donde los efectivos del Control Operativo Aduanero (COA) no tienen ingreso porque sus vidas corren peligro.
Atribuyó esta situación a la falta de la presencia del Estado a través de políticas públicas que solucionen los problemas socioeconómicos y de acceso a servicios básicos de las comunidades asentadas, sobre todo en la frontera del país.
¿Descontrol?
Los asesinatos en Uncía estuvieron precedidos por otro hecho sangriento en San Ramón (Santa Cruz). Allí, seis personas fueron acribilladas a tiros (tres bolivianos y tres serbios) por un presunto ajuste entre bandas de narcotraficantes por una pugna por el control del territorio nacional, hecho que puso en cuestión la eficiencia de la lucha contra el narcotráfico en el país.
Pese a estos hechos y otros relacionados al narcotráfico y el contrabando que se registraron en los últimos años en el país, el ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, negó que el Gobierno haya perdido autoridad y que las comunidades se hayan apoderado del control en sus territorios.
"La presencia del Estado y de sus instituciones está garantizada en todo el territorio nacional en la lucha contra el narcotráfico, en la lucha contra el contrabando y en la lucha contra cualquier forma de delincuencia. Por ello, se está desplegando distintas iniciativas para combatir estos delitos desde su raíz y, por supuesto, para atacar las consecuencias del mismo", indicó el titular de Gobierno.
Llorenti señaló que "no existe kilometro cuadrado donde la presencia del Estado no pueda manifestarse de manera clara y contundente" y citó como el "mejor ejemplo" de aquello el caso de Pando, donde hasta hace dos años se registraban ajustes de cuentas entre narcotraficantes y las personas eran abatidas a tiros en plena calle o locales públicos.
"Pando creo que es el mejor ejemplo. El Estado tiene una presencia consolidada en el departamento de Pando. Antes de esta presencia, se daban asesinatos y ajustes de cuentas cada semana. Si uno hace una comparación de cómo está ahora con la presencia policial y militar, eso se ha anulado", apuntó.
Desaguadero, área difícil
La presidenta de la Aduana Nacional, Marlene Ardaya, reconoció la semana pasada que la población fronteriza de Desaguadero, por ejemplo, es una zona difícil de ser controlada y pidió la colaboración del Gobierno en el trabajo de concienciación de sus pobladores en la lucha contra el contrabando.
"En este caso, localidades como Desaguadero, que son poblaciones fronterizas, ahí tenemos que entrar con un tema de conciencia tributaria. Es un trabajo muy fuerte que tenemos que hacer. Hay que empezar a hacer entender a la gente (y a los grupos) comunitarios" que el contrabando es un delito, manifestó.
En la gestión 2008, pobladores de esa región fronteriza apedrearon a militares y policías que tenían que realizar el trabajo de lucha contra el contrabando y amenazaron con echarlos del lugar.
Ardaya, sin embargo, destacó la decisión de los comunarios de San José de la provincia Aroma, cuyos habitantes acordaron entregar a la Aduana un camión que transportaba contrabando.
Fiscales van a Oruro
Los tres fiscales y el grupo de policías especializados en criminalística y criminología que están a cargo del caso de linchamiento de cuatro policías, resolvieron ir a Oruro tras la imposibilidad de ingresar a Cala Cala, en el municipio de Uncía, donde ocurrió el asesinato de los efectivos, informó el diario El Potosí.
La intención tendría el objetivo de tomar declaraciones y entrevistas a autoridades de la Dirección de Prevención de Robo de Vehículos (Diprove).
Los fiscales quieren establecer bajo qué orden o por qué motivo ingresaron los policías a Uncía en Potosí a pesar de que su área de acción de operaciones era Oruro.
El Potosí indicó que también se prevé que los representantes del Ministerio Público tomen declaraciones informativas a los familiares de las víctimas con el propósito de reunir elementos que coadyuven al esclarecimiento de los hechos que están tipificados como asesinato.
Algunos de casos
11 noviembre de 2007. Siete policías de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen resultaron heridos en el operativo Plan Ciclón contra el contrabando en el área rural cuando fueron emboscados en Escoma (La Paz) por una turba de contrabandistas que destrozaron el vehículos y golpearon a los efectivos, los que lograron escapar hasta Tajani. En un primer operativo en esa zona se decomisaron 19 camiones de diesel, garrafas de gas licuado, ropa, aceite e incluso harina de donación que iba a Perú. Escoma es una las comunidades consideradas "zona roja" por la actividad del contrabando.
4 de junio de 2008. Un grupo de pobladores de Desaguadero (La Paz) irrumpió durante un acto en el que se encontraba el ex ministro de Defensa Walker San Miguel, que inauguraba un Comando Conjunto compuesto por militares para luchar contra el contrabando de combustible y alimentos en ese lugar.
San Miguel y el entonces presidente de la Aduana César López salieron huyendo de la localidad ante la violencia desatada que terminó con la quema de las oficinas de la Aduana y la destrucción de todo el mobiliario y equipamiento. La entidad aduanera optó por trasladar sus oficinas al cuartel de Guaqui, poblado próximo a Desaguadero.
11 de enero de 2010. Efectivos del Control Operativo Aduanero (COA) fueron emboscados en la localidad de Pampallagas, cercana a Killacas, en Challapata (Oruro) por los pobladores del lugar tomando como rehenes a 15 efectivos del COA que se encontraban a bordo de tres vehículos. El comando policial de Oruro organizó y dirigió un operativo con el objeto de salvar a los efectivos tomados como rehenes, que fueron rescatados con vida. Dos de los tres vehículos prestados a esta unidad de lucha contra el contrabando fueron destrozados. Según los comunarios, retuvieron a los policías porque éstos fueron supuestamente sorprendidos extorsionando a pobladores que no contaban con la tercera placa o placas actuales.
Fecha: 14-Jun-2010
http://www.lostiempos.com/diario/actualidad/nacional/20100614/aduana-reconoce-que-hay-zonas-sin-control-del_75499_140931.html
