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Cochabamba - Bolivia - Opinión, 14-Jun

El proceso de elección de las nuevas autoridades del Órgano Electoral Plurinacional amenaza con derrumbar la confianza ciudadana en los futuros procesos electorales.
Todo el andamiaje de selección y elección, conduce a un control casi absoluto del Tribunal Supremo Electoral por parte del actual Gobierno, según el análisis del ex vocal de la Corte Nacional Electoral, Jorge Lazarte.
Explicó que ahora se optó por hacer dos leyes, la del Órgano Electoral y la de Régimen Electoral, para juntar conceptos que antes estaban en una sola norma y que el contenido de ambas normas, en lo polémico, está expresado en la nueva Constitución Política del Estado.
"Todo lo que pueda aparecer como problemas en ambos proyectos está en el texto constitucional. Es eso lo que está creando dificultades en la aprobación y, probablemente, va a crear hacia delante", señaló el experto.
Explicó que al tratar de constituir un Órgano Electoral, la ley debería garantizar su independencia y confiabilidad, requisitos necesarios para dar confiabilidad a todos los procesos electorales. "El proceso electoral se realiza y el ciudadano va a votar confiando en que su voto va a ser contado, que su voto va a pesar. Como ningún ciudadano está en condiciones de comprobar que eso ha sido así, tiene que confiar en que el Órgano Electoral lo ha hecho, así el ciudadano no tenga ninguna evidencia que lo ha hecho, en eso consiste la confianza", dijo Lazarte.
Por ello, advirtió que el "talón de Aquiles del proyecto del Órgano Electoral tiene que ver con su confiabilidad y la independencia con que puede actuar, lo que pasa por la conformación de los miembros del Órgano Electoral. En Bolivia, sobre todo, la credibilidad de las instituciones pasa por la credibilidad de sus operadores. Se confía en una institución porque se confía en los operadores que la representan".
"La Ley del Órgano Electoral tiene mecanismos que van en sentido contrario, es decir, los miembros del organismo electoral nacional, el Tribunal Supremo Electoral, van a pasar por un proceso que va a ser cuestionable por la intervención de factores que van a distorsionar la designación de sus miembros o de miembros idóneos del organismo electoral".
Uno de esos elementos perturbadores de la confianza, según Lazarte, es que antes de que el Parlamento apruebe las listas de los que pueden ser designados como miembros del Organismo Electoral, van a tener que pasar por la criba del control social. "La Constitución dice que el control social con respecto al Órgano Electoral debe garantizar la transparencia del proceso de candidaturas. Y dice sólo transparencia. En la ley se ha dado un paso más allí y se dice que el proceso de los candidatos estará sujeto a control social, que no es lo mismo que simplemente transparentar. La ley dice que ese proceso está sujeto a control social".
Significa que todos los candidatos van a poder ser apoyados o rechazados por el control social, como si el control social tuviera un poder de veto. Y que los que pasan podrán recién entrar en las listas. Además, no hay ningún criterio bajo el cual se diga qué es lo que va a entenderse por apoyo o rechazo y cuáles serán los parámetros por los que van a aprobar o rechazar.
Quien desee podrá presumir de control social, tanto los que son controlados por el Gobierno como otros incluso opositores, como los comités cívicos, y se podrá plantear un conflicto.
La segunda selección la hará el Parlamento, donde se va aprobar por voto. "Como el Parlamento está controlado por el Órgano Ejecutivo, al final, los que salgan de este proceso difícilmente van a poder convencer a la población que son idóneos o confiables, porque habrán intervenido mecanismos que están vinculados con los intereses del partido de gobierno o del Gobierno".
Lazarte explicó que lo mismo puede pasar con las cortes departamentales, en la medida en que el Presidente tiene facultades para designar a sus representantes en los organismos electorales.
"La designación de los miembros va a crear dudas respecto a su neutralidad y van a terminar poniendo también en duda la independencia del organismo electoral. Creo que es un mal negocio el que se está haciendo pero están en la Constitución los principios de esos mecanismos, y se reproduce y se va más allí de lo que dice la misma Constitución".
Si las disputas por el poder no se resuelven mediante jueces imparciales, pueden presentarse otras vías no pacíficas, por lo que la Ley del Órgano Electoral podría significar una represión respecto de lo que se había logrado en los últimos 20 años.
Además, señaló que la nueva legislación anula la ley de partidos políticos, lo que tampoco es una buena señal. "El avance en el derecho electoral internacional ha sido cada vez más poner de relieve la importancia de los partidos y de su consagración constitucional. Pasar a elaborar leyes específicas para la organización de los partidos que era como destacar la importancia que tienen en los sistemas políticos modernos. Su eliminación va en sentido contrario".
Las nuevas normas dejarán en el vacío muchas reglas que son necesarias.
Una tercera preocupación es que se está determinando cuáles son las atribuciones del Órgano Electoral respecto a la llamada democracia comunitaria, con problemas reales que pueden hacer que este mismo proyecto sea contradictorio con el texto constitucional, porque el organismo electoral se obliga a registrar las normas con las cuales los pueblos indígenas van a elegir a sus representantes o van a enfrentar sus propios procesos.
Explicó que el organismo electoral no puede simplemente registrar lo que le llegue como norma, porque muchas de esas normas pueden violar los principios electorales y la propia Constitución.

Fecha: 14-Jun-2010
http://www.opinion.com.bo/14/06/2010/en-riesgo-confianza-en-las-autoridades-electorales/
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