El ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, anunció ayer un plan de reforma de la Policía Boliviana, que adquirirá carácter de Ley en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), luego de los remezones de las últimas semanas por denuncias de corrupción y violación a los derechos humanos en Bolivia.
"Ya tenemos listo un paquete legal de transformaciones, no solamente de la Policía, sino también en temas de seguridad ciudadana y del Estado", afirmó durante una conferencia de prensa.
El plan que aludió Llorenti pone acento en el ajuste estructural de los mecanismos de seguridad ciudadana y también en un plan de purga para evacuar los miembros corruptos de la Policía, sumida estos días en una crisis de credibilidad.
"La otra gran tarea en la que hemos avanzado, aunque faltan los frutos (de la planificación) es la imprescindible transformación de la Policía Boliviana. Si la Policía no funciona se convierte en una amenaza a la sociedad", afirmó.
Llorenti se propone llevar sus planes a la ALP e imprimirles estado de ley.
"En pocos días presentaremos estas normas y pediremos que sean tratadas de manera urgente por la Asamblea Legislativa Plurinacional", afirmó luego de posesionar al nuevo viceministro de Régimen Interior, Marcos Farfán.
Llorenti se mostró preocupado contra la corrupción que socava la Policía Boliviana, en la mira después que un ex reo perdiera la vida supuestamente a manos de uniformados que le aplicaron métodos de tortura para que otorgue información o deje de hacerlo sobre una banda de criminales que dio muerte a un guardia y que se llevó un botín de cerca de medio millón de bolivianos (Bs) de una oficina pública, a principios de julio entre las ciudades de La Paz y El Alto.
El Ministro admitió tácitamente la exacerbación de los niveles de criminalidad en Bolivia.
"Pero además de la transformación de la Policía Boliviana está constante" en el plan de reforma que postulará ante la ALP "el trabajo de lucha contra la delincuencia que afecta a los ciudadanos, pero también en contra de aquellas bandas de criminales que están poniendo en una situación de inseguridad a la ciudadanía".
El alto funcionario dijo haber coordinado ya sus planes con el alto mando policial.
Por su parte el comandante general de la Policía, Óscar Nina, admitió que existen varias denuncias de corrupción sobre su entidad.
Por el papel que desempeña en la sociedad, "entre el bien y el mal, el amigo y el enemigo, la Policía está "naturalmente catalogada como una de las instituciones que más viola los derechos humanos". (ABI)
Fecha: 17-Jul-2010
http://www.eldiario.net/noticias/2010/2010_07/nt100717/4_02scd.php
