Cochabamba - Bolivia - Opinión, 19-Jul-2010
La Ley Marco de Autonomías y Descentralización, aprobada por el Legislativo y que se promulgará este lunes, abre nuevas áreas de conflicto en los departamentos con el Gobierno central, advirtió el experto en temas municipales, Iván Arias.
Explicó que esta era una gran oportunidad para avanzar en la consolidación de un Estado autonómico verdadero, donde los poderes locales puedan compartir el poder con el Gobierno central.
Arias sostiene que la Ley Marco de Autonomía, lejos de aprovechar esa oportunidad la desperdicia porque se centraliza una serie de decisiones que deberían estar en los niveles locales.
Explicó que las Asambleas Legislativas Departamentales que fueron elegidas hace poco con mucha ilusión, con la nueva ley están muy limitadas en sus facultades de legislación porque van a haber leyes de compatibilización que restringirán su accionar.
También señaló como otra potencial fuente de conflicto el tema fiscal financiero, "porque autonomía sin recursos no funciona, es como si le dijeran haz autonomía pero no le dan dinero, por lo que hay que volver a pedir recursos al papá".
Arias señaló que hay problemas potencialmente peligrosos que no están escritos textualmente pero se dan a entender. Citó como ejemplo el caso de los tributos municipales, incluidos los impuestos que ya cobran los municipios, tasas y patentes, que al estar supeditados a una futura ley de armonización tributaria. "Se pone en peligro y duda que esos ingresos sean totalmente de los municipios", agregó.
Advirtió que en lo inmediato puede esperarse un retorno al "empantanamiento, un volver a fojas cero de los años 2005, 2006, 2008, con el agravante de que ahora no sólo plantearán reclamos los departamentos del oriente, sino también departamentos como Potosí, Oruro y Cochabamba".
Arias explicó que con la nueva norma, se van a dirimir límites municipales en base a referendos. Informó que de 337 municipios existentes en el país, 290 tienen problemas de límites, lo que anuncia un incremento de conflictos.
"El municipio con más población se va a tragar al más pequeño y ese no se va a quedar tranquilo. ¿Quién tiene más peso, mil personas en la calle o cien mil en las urnas?, cuestionó.
Además advirtió que en departamentos como Oruro, Potosí y La Paz, sus municipios ya no van a coparticipar de las regalías mineras que no son muy significativas como las hidrocarburíferas, pero para algunos municipios son importantes. Recordó que se trata de una coparticipación de 15 por ciento que se les restará según la nueva ley.
Arias señaló que el Gobierno confía en el control que tiene de la mayoría de asambleas legislativas departamentales para sofocar los reclamos, pero esa posibilidad se tendrá que ver con el paso del tiempo.
Tampoco expresó confianza en los pactos fiscales y estatutarios que ha anunciado el Gobierno mediante el Ministerio de Autonomías. Arias dijo que más tiene la impresión que se atendrá a las regiones que reclamen con cheques del programa Evo Cumple o con financiamiento de nuevas instituciones creadas por el Gobierno con fondos extraordinarios, que consideró "prebendalismo".
"¿Cuánta plata habrá para tapar incendios? El Gobierno ya tuvo problemas con el tema indígena por las expectativas que se despiertan en los sectores y los acusó de ser vendidos, manejados por USAID y ONGs". añadió.
Gobierno asegura que hará acuerdos regionales
El Gobierno, mediante el Ministerio de Autonomías, promoverá acuerdos regionales, caso por caso, para resolver el problema del financiamiento de las nuevas competencias que asumirán las autonomías, informó el ministro del área, Carlos Romero.
Dijo que una acción inmediata será socializar la nueva ley, que fue aprobada la noche del sábado por la Asamblea Legislativa y será promulgada este lunes. Explicó que esta ley requiere de mucha coordinación y debe ajustarse al plan de desarrollo estratégico del Gobierno.
Romero explicó que la ley no tuvo un acuerdo pleno en el Legislativo pero recordó que se tramita desde hace más de año y medio y fue consultada en diversos sectores en más de 300 eventos de consulta.
Señaló que ahora se requieren acuerdos regionales al interior de cada región con la finalidad de llegar a la meta final que serán los pactos autonómicos que se expresarán en los estatutos autonómicos.
Advirtió que la ley contiene aspectos muy técnicos difíciles de asimilar, por lo que su Ministerio realizará una tarea de socialización y explicación de inmediato en todas las instancias que corresponda.
Ese trabajo incluirá trabajar por los pactos autonómicos y por los estatutos autonómicos.
Sobre el financiamiento de las nuevas responsabilidades (atribuciones) que asumen las regiones con esta ley, Romero explicó que inicialmente se tiene un aumento de los ingresos en los niveles nacionales de más del 53 por ciento, de modo que las autonomías tienen recursos para gestionar sus responsabilidades.
Como si ello no fuese suficiente, también recordó que las regiones (ex prefecturas), tienen en saldos de caja y banco más de 5.000 millones de bolivianos que son recursos no ejecutados. Esa cifra corresponde hasta junio pasado.
Oposición advierte problemas a mediano plazo
La diputada de la opositora Convergencia Democrática, Adriana Gil, advirtió que se podrán generar conflictos y reclamos ciudadanos desde distintas partes del país, cuando la población empiece a asimilar lo que significa la ejecución de la Ley de Autonomías y Descentralización Administrativa.
Afirmó que nunca tuvo esperanzas porque esa ley pudiera ser motivo de consenso, "iba a quedar en la no modificación de una sola coma, ellos querían mostrar que estaban consensuando, abrieron mesa de diálogo, pero sabemos que el régimen no iba a retroceder. En autonomía se da la división de poder y de la economía, ellos están con un régimen que concentra el poder absoluto".
Criticó que colegas parlamentarias del oficialismo, durante el debate de la ley hubiesen señalado que deseaban para las mujeres opositoras que mueran violadas y asesinadas. "Ese tipo de agresiones nos molestan", enfatizó.
En criterio de la diputada opositora el hecho de que hubiera sido el Gobierno el proyectista de la ley es motivo suficiente para afirmar que esa ley es centralista y no distribuye poder a las regiones.
Destacó que se mantiene el espíritu de la llamada ley corta, que faculta a que una autoridad, ya sea gobernador, asambleísta o alcalde, pueda ser suspendida de sus funciones a sola denuncia de un ciudadano o de un fiscal. "Van a fabricar cualquier calumnia, fabrican infamias, desprestigian, suspenden con sola acusación formal formulada por cualquier ciudadano y vamos a ser testigos de la gran injerencia del Ejecutivo dentro del Poder Judicial, manejando a los fiscales", añadió.
También destacó que la nueva ley da más competencias u obligaciones a las regiones pero no acompaña esas responsabilidades de financiamiento. Es más, señaló que el año venidero, toda la gestión e inversión pública que se desee realizar debe pasar por la venia del Poder Ejecutivo.
La diputada Adriana Gil explicó que es previsible que se den reacciones de protesta desde las regiones, aunque insistió en sus críticas a los liderazgos departamentales, a los que calificó de "funcionales al Gobierno", en directa referencia al gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas. Criticó que las autoridades departamentales no hubieran tenido participación activa en el proceso.
Presidente promulga la ley hoy en la tarde
La Ley Marco de Autonomías será promulgada este lunes por el presidente Evo Morales, en acto a realizarse en el hall de Palacio de Gobierno.
La Ley Marco de Autonomías y Descentralización "Andrés Ibáñez", norma y reglamenta los procesos autonómicos que se implementarán a nivel departamental, municipal, indígena y municipal.
Esa ley, proyectada por el Poder Ejecutivo, fue aprobada la noche del último sábado tras 36 horas de debate en la Asamblea Legislativa Plurinacional, donde la mayoría oficialista la aprobó por dos tercios de votos de los presentes.
La norma consta de 149 artículos y será promulgada por el Jefe del Estado a las 4 de la tarde de este lunes.
MAPEO El Gobierno anunció que se deberá hacer un "mapeo" competencial (estudio de las nuevas obligaciones a financiar por las autonomías), para determinar técnicamente cuánto de recursos requiere cada una de las regiones, porque las autonomías son distintas unas de otras. Se citó el caso de Pando o Santa Cruz, como ejemplo.
Se anunció que las regiones, de inmediato no asumirán la totalidad de las competencias, ya que las que no puedan asumir algunas, pasarán esa responsabilidad al Gobierno y será la administración central, la que mediante sus instituciones, supla el financiamiento que no puedan las autonomías.
En este caso la idea es primero contar con los datos técnicos, para luego negociar con las regiones y llegar a lo que se ha denominado un "pacto fiscal", o nuevo acuerdo para distribuir los recursos económicos con los que cuenta el Estado según el nuevo status administrativo del país.
Cuando se sepa qué van a asumir vamos a poder resolver el costo de las competencias y, en base de eso construir el pacto fiscal, se explicó.
