El director nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), coronel Óscar Muñoz, informó ayer de que la comisión de policías que se trasladó a la localidad de Uncía logró identificar a algunas personas vinculadas al asesinato de los cuatro policías linchados en esa localidad. La identificación se produjo por testimonio de los testigos que identificaron al menos a cinco personas, se informó en esa repartición policial.
"La comisión, conformada hace una semana con funcionarios de la Policía de Potosí y La Paz, se desplazó hasta la región de Llallagua y Uncía. Han recolectado algunas evidencias e información y han retornado hasta la ciudad de Oruro para participar del requerimiento de la necropsia", aseguró el oficial.
Se trata de un equipo especial que tiene la misión específica de investigar este caso y dar con los responsables de las muertes de los efectivos de Diprove, acaecidas el 23 de mayo. Ahora, el jefe policial dijo que se convocará a estas personas a declarar, y de no hacerlo, la Fiscalía puede emitir los mandamientos de aprehensión.
Paralelamente a la convocatoria de los sospechosos, algunos jefes policiales también fueron citados por el Ministerio Público para que declaren sobre quién ordenó que los policías se trasladaran hasta Uncía, donde fueron asesinados.
El jefe de Diprove-Oruro, coronel Limbert Oporto, aseguró que envió a sus hombres porque tenía datos de que había vehículos robados en la zona de Huanuni, que es jurisdicción orureña, pero que por los datos que seguramente recibieron sus oficiales llegaron hasta Uncía.
Mientras tanto, en Oruro se realizó la necropsia de los cuerpos, pese a la oposición de las familias. La esposa del suboficial Nelson Alcócer, Mónica Corrales, denunció que este acto fue instruido desde las esferas de Gobierno con el propósito de contradecir el primer informe sobre la data de la muerte de su esposo. Para evitar mayor susceptibilidades, los familiares designaron a sus propios peritos para evitar que los del Gobierno intenten sembrar' pruebas en los cuerpos de los fallecidos. Las pruebas serán remitidas a laboratorios de Argentina, adelantó el fiscal potosino Sandro Fuertes.
Asimismo, el abogado de los familiares, Johnny Castelú, dijo que ayer se convirtieron en la parte querellante, dejando atrás el compromiso que tenían con los pobladores del norte de Potosí.
Ministro y jefe de la Policía aceptan juicio
El ministro de Gobierno, Sacha Llorenti y el comandante de la Policía, general Óscar Nina, anunciaron, por separado, su disposición de someterse a la investigación dispuesta por la Fiscalía; aunque el titular de Gobierno lamentó que hubieran sido los opositores los que promovieran el juicio, porque, en su criterio, de ese modo se obstaculiza la investigación.
"Me hubiera gustado que esos diputados estén en Uncía, nosotros sí estuvimos en el lugar, trabajando desde que se conocieron los hechos", afirmó Llorenti y añadió que no hubo negligencia en sus acciones, porque reaccionaron de forma inmediata.
Nina, por su parte, se declaró hombre de ley' y dijo que se someterá a toda las disposiciones legales y comparecerá ante las autoridades competentes para explicar la tarea que le tocó cumplir.
Fecha: 19-Jun-2010
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