Demandan a Llorenti y Nina por homicidio culposo y encubrimiento 
La Prensa, La Paz, 24 Julio, 2010: El ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, el comandante nacional de la Policía, Óscar Nina, y otros cinco oficiales de la institución del orden fueron demandados por los familiares de los cuatro policías linchados en Saca Saca, Uncía, por los delitos de homicidio culposo, encubrimiento e incumplimiento de deberes.
Los querellantes exigen un resarcimiento, por lo que se constituyen en parte civil. Ni el Ministerio de Gobierno ni el Comando de la Policía Boliviana se pronunciaron sobre el caso.
El abogado de los deudos, Johnny Castelú, informó que es una querella sobre un caso abierto, pues los diputados Elizabeth Reyes y Jaime Navarro, de Unidad Nacional (UN), abrieron ya una primera causa por los delitos de incumplimiento de deberes y omisión de auxilio.
"No nos sumamos a esa denuncia porque no deseamos que se crea que hacemos política con este caso dramático".
Mónica Corrales, Lola Pallarico, Fabiola Mendoza y Cristina Pañuni, esposas y madre de Nelson Alcócer, Rubén Cruz, Esteban Alave y Miguel Ramos, respectivamente, presentaron el martes 20 de julio la querella ante la Fiscalía de La Paz.
Los cuatro uniformados fueron capturados al atardecer del domingo 23 de mayo en proximidades de Saca Saca por comunarios, que los acusaron de extorsionar al propietario de un vehículo indocumentado y de haber estrangulado, el viernes 21, al chofer Adalid Estapa Condori para robarle su taxi.
Declaraciones de Inteligencia revelaron que la muerte de los policías acaeció el martes 25, aunque el informe de la autopsia da cuenta de que Alcócer murió entre el 30 de mayo y el 1 de julio, cuando los ministros Sacha Llorenti, de Gobierno, y Óscar Coca, de la Presidencia, intentaron infructuosamente reunirse con los campesinos en esa misma zona.
Los otros demandados son Fernando Villarroel Ramallo, comandante regional de la Policía de Uncía; José Marcelo Tejerina, comandante regional de Llallagua; Limbert Oporto Mier, director de la Dirección de Prevención e Investigación de Robo de Vehículos de Oruro (Diprove-Oruro); Orlando Ávila Alcócer, ex comandante de Potosí, y Mario Hinojosa Peñaranda, ex comandante de Oruro.
El homicidio culposo se pena con reclusión de hasta cinco años; el encubrimiento, con hasta dos años, y el incumplimiento de deberes, con hasta cuatro años.
El memorial da cuenta de que los cuatro efectivos se incorporaron a la Dirección de Prevención e Investigación de Robo de Vehículos (Diprove) de Oruro el domingo 23 de mayo a las 08.30.
La demanda penal
Según el documento, "por orden de su comandante, mayor Limbert Oporto Mier, salieron en un operativo" para comprobar unos indicios sobre automóviles robados en las semanas precedentes en la ciudad de Oruro.
Llegaron hasta proximidades de la localidad de Saca Saca, en el Norte de Potosí, donde fueron interceptados por los comunarios del lugar, quienes los confundieron con cogoteros o falsos policías y fueron asesinados "de la forma más cruel e inhumana, ya que por las lesiones que tienen, fueron golpeados con objetos contundentes, pateados, sin darles opción siquiera a que se defiendan. Todos esos actos fueron cometidos por varias personas ( ) y para darles fin a sus vidas, les reventaron la cabeza".
La denuncia prosigue, que Cruz, Alave y Ramos fueron quemados, aunque no se determinó si fueron martirizados en vida o se intentó cremarlos.
Reitera que Alcócer murió tres antes de que su cuerpo fuera recuperado, vale decir una semana después del ajusticiamiento de sus camaradas.
Los familiares recuerdan que el martes 25 de mayo procuraron entrevistarse infructuosamente tres veces con Oporto.
Una comitiva viajó a Llallagua. Los primeros se entrevistaron con Orlando Ávila. Según el documento, éste les dijo que "yo soy el Comandante de Potosí y estoy muy molesto porque sus esposos han invadido mi jurisdicción. Ellos no son policías de Potosí. Si fueran mis policías, yo los hago aparecer, pero como no lo son, yo levanto las manos".
Recordó que se iba a realizar un cabildo de los ayllus. "Si me invitan a esa reunión, yo voy a ir a pedir que los suelten, pero si no lo hacen, yo alzo las manos".
Ante las súplicas, Ávila las echó del ambiente en el que se encontraban. Volvieron a Oruro y se entrevistaron con Oporto, quienes les confirmó que a tiempo de ser secuestrados, estaban de servicio, pero nada pudo hacer.
Por ello viajaron a La Paz, donde la Policía les impidió el paso al Palacio de Gobierno. Los funcionarios de recepción les pidieron que dejen una carta, que sería atendida en 15 o 20 días.
Un día después se entrevistaron con Nina, quien les dijo que como quiera que los policías habían muerto, les pidió paciencia. Tuvieron un encuentro casual con Llorenti, quien les aseguró que se reuniría con ellos en Oruro, pero nunca se efectuó tal encuentro.
Finalmente, fueron ellos quienes recuperaron los cuerpos de sus parientes.
Los querellantes exigen un resarcimiento, por lo que se constituyen en parte civil. Ni el Ministerio de Gobierno ni el Comando de la Policía Boliviana se pronunciaron sobre el caso.
El abogado de los deudos, Johnny Castelú, informó que es una querella sobre un caso abierto, pues los diputados Elizabeth Reyes y Jaime Navarro, de Unidad Nacional (UN), abrieron ya una primera causa por los delitos de incumplimiento de deberes y omisión de auxilio.
"No nos sumamos a esa denuncia porque no deseamos que se crea que hacemos política con este caso dramático".
Mónica Corrales, Lola Pallarico, Fabiola Mendoza y Cristina Pañuni, esposas y madre de Nelson Alcócer, Rubén Cruz, Esteban Alave y Miguel Ramos, respectivamente, presentaron el martes 20 de julio la querella ante la Fiscalía de La Paz.
Los cuatro uniformados fueron capturados al atardecer del domingo 23 de mayo en proximidades de Saca Saca por comunarios, que los acusaron de extorsionar al propietario de un vehículo indocumentado y de haber estrangulado, el viernes 21, al chofer Adalid Estapa Condori para robarle su taxi.
Declaraciones de Inteligencia revelaron que la muerte de los policías acaeció el martes 25, aunque el informe de la autopsia da cuenta de que Alcócer murió entre el 30 de mayo y el 1 de julio, cuando los ministros Sacha Llorenti, de Gobierno, y Óscar Coca, de la Presidencia, intentaron infructuosamente reunirse con los campesinos en esa misma zona.
Los otros demandados son Fernando Villarroel Ramallo, comandante regional de la Policía de Uncía; José Marcelo Tejerina, comandante regional de Llallagua; Limbert Oporto Mier, director de la Dirección de Prevención e Investigación de Robo de Vehículos de Oruro (Diprove-Oruro); Orlando Ávila Alcócer, ex comandante de Potosí, y Mario Hinojosa Peñaranda, ex comandante de Oruro.
El homicidio culposo se pena con reclusión de hasta cinco años; el encubrimiento, con hasta dos años, y el incumplimiento de deberes, con hasta cuatro años.
El memorial da cuenta de que los cuatro efectivos se incorporaron a la Dirección de Prevención e Investigación de Robo de Vehículos (Diprove) de Oruro el domingo 23 de mayo a las 08.30.
La demanda penal
Según el documento, "por orden de su comandante, mayor Limbert Oporto Mier, salieron en un operativo" para comprobar unos indicios sobre automóviles robados en las semanas precedentes en la ciudad de Oruro.
Llegaron hasta proximidades de la localidad de Saca Saca, en el Norte de Potosí, donde fueron interceptados por los comunarios del lugar, quienes los confundieron con cogoteros o falsos policías y fueron asesinados "de la forma más cruel e inhumana, ya que por las lesiones que tienen, fueron golpeados con objetos contundentes, pateados, sin darles opción siquiera a que se defiendan. Todos esos actos fueron cometidos por varias personas ( ) y para darles fin a sus vidas, les reventaron la cabeza".
La denuncia prosigue, que Cruz, Alave y Ramos fueron quemados, aunque no se determinó si fueron martirizados en vida o se intentó cremarlos.
Reitera que Alcócer murió tres antes de que su cuerpo fuera recuperado, vale decir una semana después del ajusticiamiento de sus camaradas.
Los familiares recuerdan que el martes 25 de mayo procuraron entrevistarse infructuosamente tres veces con Oporto.
Una comitiva viajó a Llallagua. Los primeros se entrevistaron con Orlando Ávila. Según el documento, éste les dijo que "yo soy el Comandante de Potosí y estoy muy molesto porque sus esposos han invadido mi jurisdicción. Ellos no son policías de Potosí. Si fueran mis policías, yo los hago aparecer, pero como no lo son, yo levanto las manos".
Recordó que se iba a realizar un cabildo de los ayllus. "Si me invitan a esa reunión, yo voy a ir a pedir que los suelten, pero si no lo hacen, yo alzo las manos".
Ante las súplicas, Ávila las echó del ambiente en el que se encontraban. Volvieron a Oruro y se entrevistaron con Oporto, quienes les confirmó que a tiempo de ser secuestrados, estaban de servicio, pero nada pudo hacer.
Por ello viajaron a La Paz, donde la Policía les impidió el paso al Palacio de Gobierno. Los funcionarios de recepción les pidieron que dejen una carta, que sería atendida en 15 o 20 días.
Un día después se entrevistaron con Nina, quien les dijo que como quiera que los policías habían muerto, les pidió paciencia. Tuvieron un encuentro casual con Llorenti, quien les aseguró que se reuniría con ellos en Oruro, pero nunca se efectuó tal encuentro.
Finalmente, fueron ellos quienes recuperaron los cuerpos de sus parientes.
Fuente: La Prensa
Fecha: 24-Jul-2010
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