La Prensa, La Paz, 25 de Agosto, 2010: La entrega de Luis Alberto Valle a Bolivia se demora y el Gobierno, a través de la ministra de Transparencia, Nardi Suxo, expresó ayer su preocupación por este motivo.

"Estamos preocupados por que este tema esté llevándonos ya tres días para la toma de esta decisión que debía ser inmediata", aunque la Ministra exteriorizó su esperanza de que las autoridades peruanas "pongan en frontera (al acusado) a la brevedad posible, para que rinda cuentas ante la justicia boliviana".

Una versión dio cuenta ayer de que los ministros de Justicia y del Interior de Perú firmaron un documento que solicita a la justicia la expulsión de Valle, pero ésta no pudo ser confirmada ayer por fuentes diplomáticas.

Entrevistado telefónicamente por La Prensa, el embajador de Bolivia en Perú, Franz Solano Chuquimia, dijo en dos oportunidades, a las 19.00 y las 21.00, que esperaba la llegada del procurador legal contratado por la legación diplomática y que su presencia se hará efectiva "en una media hora, mientras tanto, no puedo dar una información".

Valle, primera autoridad política del departamento de La Paz entre 1997 y 1999 durante el último Gobierno de su suegro, Hugo Banzer Suárez, es acusado de la comisión de cinco delitos que causaron un daño económico de 17,7 millones de dólares al Estado. Fue llevado a juicio de responsabilidades, pero fugó el 30 de marzo del año pasado y fue declarado rebelde, por lo que el proceso quedó paralizado.

El anterior viernes, Valle fue capturado en una zona residencial de Lima, Perú, y puesto a disposición de la juez María Teresa Cabrera, quien dispuso su reclusión en el penal de San Jorge, destinado a reos primarios, vale decir, personas que delinquen por vez primera.

En un primer momento, se anunció que Valle sería deportado al encontrarse en condición de ilegal en territorio peruano, pero la juez Cabrera dispuso que el Gobierno boliviano tramite la extradición correspondiente.

Un proceso de esta naturaleza puede demorar entre un año y un año y medio.

Una fuente diplomática reveló ayer que el detenido contrató en Perú los servicios profesionales de un abogado, cuyas acciones impidieron que se lleve adelante la deportación inmediata.

Una comisión boliviana, integrada por los directores generales de Régimen Interior del Ministerio de Gobierno y de Recuperación de Bienes del Estado del Ministerio de Transparencia, coordina acciones con el embajador Solano Chuquimia, para llevar adelante el proceso de deportación para que su entrega a Bolivia sea inmediata.

En forma paralela, ayer la Fiscalía General del Estado reactivó el mandamiento de aprehensión emitido contra Valle, según informó el fiscal Orlando Riveros, acusador de la ex autoridad.

"Lo que estamos haciendo, en la perspectiva de que pudiera ser deportado Chito' Valle, es remitir a la Policía Nacional este mandamiento de detención preventiva que ha sido expedido el año 2007 por la Sala Penal Segunda".

Valle fue recluido en el penal de San Pedro el 28 de febrero de 2007, pero recuperó un día después su libertad, por decisión de la Corte de Justicia de Sucre, aunque el Tribunal Constitucional declaró nula esa decisión judicial.

Por ello, si Valle regresara a territorio nacional, deberá ser inmediatamente conducido al panóptico paceño.

Riveros acotó que "el Ministerio Público estará aguardando; la solicitud de extradición está lista para el momento en que se requiera", pues hasta el momento, no hay un informe oficial de Perú sobre un eventual rechazo a la deportación del procesado por corrupción pública.

Simultáneamente, una fuente de la Corte Suprema de Justicia comenzó el análisis de la forma en la que se compondrá el nuevo Tribunal de Sentencia que debe juzgar al ex Prefecto paceño.

De acuerdo con la agencia informativa gubernamental ABI, el magistrado Hugo Suárez declaró que "la Sala Plena de la Corte Suprema ya ha analizado el sábado, tras recibir la noticia, e inmediatamente estamos evaluando cómo tiene que conformarse el Tribunal".

Los jueces Eddy Fernández, Julio Ortiz, Hugo Suárez y Teófilo Tarquino, además de los conjueces Jorge Antonio Zamora y Elizabeth Maldonado, formaron el Tribunal que juzgaba a Luis Alberto Valle, pero las destituciones y alejamientos del Poder Judicial obligan a formar un nuevo cuerpo colegiado que asuma la responsabilidad de valorar las pruebas de cargo y descargo por esta causa.

Suárez añadió que "ahora los miembros del Tribunal somos tres ministros más dos conjueces que aún están en función y quienes podrían formar parte del Tribunal", aunque admitió que otra corriente propone crear un nuevo organismo, en cuyo caso se deberá comenzar de nuevo el proceso, a pesar de que tres de los acusados fueron condenados.

Para destacar

La Fiscalía General acusó a Luis Alberto Valle por la comisión de cinco delitos en mayo de 2007.

El acusado fue sometido a una serie de acciones judiciales que incluyeron su detención en San Pedro por 24 horas.

Luis Alberto Valle está casado con Patricia Banzer Prada, hija del ex presidente Hugo Banzer Suárez.

Según la Embajada de Perú en Bolivia, Valle se encontraba en calidad de indocumentado en el vecino país.

El Gobierno peruano denegó en dos oportunidades conceder refugio y dar asilo político al ex Prefecto.

El embajador de Perú en Bolivia, Manuel Rodríguez, sostendrá posiblemente hoy un contacto con los medios en La Paz.

El diplomático regresó anoche de Lima a Bolivia, pero se excusó de formular declaraciones a su llegada a La Paz.

Definiciones

La deportación es una sanción que, en su acepción habitual, se aplica a los extranjeros y que consiste en la devolución a su país de origen y prohibición de regresar al territorio del Estado expulsor. Se aplica sobre todo a los extranjeros en situación de inmigrante ilegal, pero también se puede aplicar a inmigrantes que residan regularmente en el país pero que hayan cometido algún delito en el que se contemple esa posibilidad. Igualmente, es generalmente motivo de expulsión la injerencia en asuntos políticos internos por parte de un extranjero. A los ciudadanos de un país normalmente no cabe aplicarles dicha sanción, salvo en ciertos casos como, por ejemplo, nacionales que han adquirido la nacionalidad y no hayan nacido con ella y puedan hacer uso de otra nacionalidad alternativa.

La extradición es el procedimiento por el que una persona acusada o condenada por un delito conforme a la ley de un Estado es detenida en otro y devuelta para ser enjuiciada o que cumpla la pena ya impuesta. Si bien existe una cooperación internacional muy activa para la represión de los delitos, continúa existiendo la regla de que un Estado está obligado a conceder la extradición de un delincuente extranjero, solamente si existe tratado internacional con el Estado que requiere la extradición. Cuando no hay tratado, el Estado requerido está facultado para acordar la extradición, pero no está obligado a concederla. No se concede la extradición por delitos políticos, porque éstos dejan de serlo al atravesar una frontera. Estos son delitos contra la organización política interna y el Gobierno de un Estado.

Fuente: La Prensa
Fecha: 25-Ago-2010