Un juez impuso el viernes penas de 30 años de cárcel sin derecho a indulto a ocho personas halladas culpables del linchamiento de tres policías en la región central de Cochabamba hace más dos años.
"Se ha hecho justicia y se ha sentado un precedente para que no se cometan más linchamientos", dijo Luis Camacho, abogado defensor de las familias de los policías asesinados, tras conocerse el fallo del juez.
Indicó que otros cinco acusados salieron "librados" de pero, anunció que se apelará, por considerar que existen pruebas que demuestran un grado de responsabilidad.
El 26 de febrero de 2008 en la localidad Epizana, a unos 120 kilómetros de la ciudad de La Paz, una turba de vecinos golpearon por más de 10 horas a los tres policías, para luego asesinarlos. Dos de los efectivos policiales murieron ahorcados y el otro por fuertes golpes.
El ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, señalo que las autoridades judiciales demostraron un gran avance con la condena de las ocho personas y anunció y se puso a disposición de la justicia para el esclarecimiento del linchamiento de otros cuatro policías por indígenas hace un mes, que derivó en cuestionamientos a los mandos policiales.
El caso avivó el debate sobre la llamada "justicia comunitaria", que está incluida en la nueva Constitución, pero que no admite la pena de muerte. La Carta Magna la define como la aplicación de normas y costumbres para resolver litigios en las comunidades. Una ley debe reglamentar su ejecución.
"La justicia comunitaria es malentendida y mal asesorada en las comunidades. No es quitar la vida a una persona", explicó Camacho.
En zonas rurales lejanas y barriadas son frecuentes los linchamientos de supuestos delincuentes a nombre de la "justicia comunitaria". En la mayoría de los casos es debido a la escasa seguridad policial.
Camacho dijo que los mocho sentenciados serían internados de inmediato en la cárcel de Cochabamba.
