Antes de su concepción, el anteproyecto de Ley de Deslinde es tachado de inconstitucional. El presidente del Colegio de Abogados de La Paz, Bernardo Wayar y la diputada de Convergencia Nacional (CN) Norma Piérola, calificaron ayer el anteproyecto de Ley de Deslinde Jurisdiccional, que delimitará los cuatro sistemas de justicia que regirán en el país, como inconstitucional debido a que en su disposición segunda artículo 8 ordena que las comunidades indígenas campesinas podrán "(...) resolver todos los asuntos jurídicos que se produzcan fuera de su territorio siempre y cuando éstos vulneren los derechos de los pueblos indígenas originarios".

Según esta norma la justicia originaria trascendería más allá del territorio. No obstante la legisladora y presidenta de la Comisión de Justicia Plural, Cecilia Ayllón (MAS) anunció que recibirán todas las sugerencias alternativas a esta propuesta para su consideración.

El 23 de junio el Ejecutivo promulgó la Ley del Órgano Judicial que establece la nueva organización del sistema judicial del país. Estas son: La Jurisdicción Ordinaria, que según la CPE se fundamenta en los principios procesales de gratuidad, transparencia y otros. La competencia de la Ley del Órgano Judicial en su artículo 29 señala que la jurisdicción ordinaria "impartirá justicia en materia civil, comercial, familiar, niñez y adolescencia, tributaria, administrativa, trabajo y seguridad, social, anticorrupción, penal" y otras que señale la ley.

La Jurisdicción Agroambiental, desempeñará una función especializada en la justicia agraria, pecuaria, forestal, ambiental, aguas y biodiversidad "que no sean de autoridades administrativas", Art. 131 del Órgano Judicial.

Respecto a la Jurisdicción Especializada, tiene carácter exclusivo y de interés público, pero en la norma no se establece qué función cumple específicamente, por lo que la Asamblea Legislativa creará una ley que la regule según establece la CPE.

El Órgano Judicial, reconoce la Jurisdicción Indígena Originaria Campesina, sistema de justicia que causó polémica en miembros de partidos opositores por el riesgo que comprende confundir la "justicia comunitaria" con los actos de asesinato o linchamiento, cometidos en varias poblaciones rurales a consecuencia de la ausencia de Estado.

MECANISMOS DE COORDINACIÓN

El artículo 192 de la Constitución Política del Estado (CPE) establece que "toda autoridad pública acatará las decisiones de la jurisdicción indígena campesina". En su parágrafo II, ordena el cumplimiento de las decisiones que adopten las comunidades para ello "sus autoridades podrán solicitar el apoyo de los órganos competentes del Estado".

No obstante, la Ley que delimitará las acciones dentro de ésta justicia reconocida por el Estado y de las demás jurisdicciones será la del Deslinde Jurisdiccional, que "determinará los mecanismos de coordinación y cooperación", quienes actuarán en igualdad jerárquica.

La diputada Ayllón, anunció que esta norma será tratada en la Comisión Mixta de Justicia Plural en septiembre, por lo que se tiene previsto considerar propuestas alternativas a la del oficialismo. Aunque la Ley del Órgano Judicial dispone de 180 días para sancionar la ley en mención, la legisladora considera que es prioridad aprobarla para la aplicación de la justicia.

INDÍGENAS PODRÁN PROCESAR A TODOS

En criterio del Presidente del Colegio de Abogados de La Paz, los responsables del proyecto de la Ley de Deslinde Jurisdiccional, no respetan la CPE debido a que no se acata lo que ordena que es "poner límites a la justicia originaria de la ordinaria" y que la misma se debe desarrollar dentro del mismo territorio y sólo compete a sus miembros cumplirla.

"La competencia excesiva que se pretende dar a la jurisdicción originaria campesina no corresponde a la CPE, a mí me preocupa mucho que las comunidades tengan que resolver y conocer asuntos jurídicos y hacer cumplir los mismo más allá de su territorio. Es decir, a mí me pueden procesar en Patacamaya, por una declaración mía que atenté contra su derecho(...) cuando yo no formo parte de esa comunidad, esto es algo peligroso para todos los ciudadanos nacionales o extranjeros, por tanto es una norma inconstitucional", recalcó.

Según Wayar, los gestores de este proyecto estarían tratando de otorgar mayores competencias a la justicia originaria, sin considerar los conflictos que provocaría, por ejemplo, el resolver, delitos de "parricidio, robo agravado y otros que se puedan presentar en comunidades rurales".

Concluyó que es preciso reconsiderar el proyecto de Ley porque la falta de limitación ocasionaría conflictos y sería inaplicable.

A su vez la diputada opositora Piérola, agregó que el proyecto enviado por el MAS resulta conflictivo respecto a las competencias que "no son claras".

"Tenemos los proyectos del Conamaq, del MAS, pero aún no nos hicieron llegar de la Cidob", sostuvo.