El Gobierno Nacional, a través del Ministro de Gobierno, Sasha Llorenty, calificó de inviables las demandas de los pueblos indígenas que marchan hacia la ciudad de Santa Cruz dirigidos por la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB)."Se insistió en el diálogo y la concertación de manera reiterada. Lamentablemente muchas de las demandas de esta marcha son inadmisibles, no pueden atenderse", dijo Llorenty a tiempo de mencionar la propuesta de que las autonomías indígenas transciendan los límites departamentales. Así también de que las circunscripciones indígenas elijan a sus representantes por usos y costumbres excluyendo a cualquier tipo de organización de carácter político.
La autoridad también cuestionó la propuesta de que todas las tierras fiscales pasen a manos de los indígenas de tierras bajas, es decir que se reviertan las concesiones forestales y otro tipo de autorizaciones que se estén ejecutando en territorio indígena.
"Son demandas absolutamente inadmisibles, porque cuando hablamos de los recursos naturales hablamos de recursos que tienen que beneficiar a todos los bolivianos", señaló.
Otra de las demandas que es rechazada por el Poder Ejecutivo es el de los escaños especiales. "Ellos quieren que con 500 o 1000 votos puedan tener un espacio en la Asamblea Plurinacional, cuando en varias regiones se necesita hasta 120 mil votos para tener un escaño en la Cámara de Diputados. Son incongruencias que no pueden ser admitidas", explicó el Ministro de Gobierno quien denunció que la marcha indígena es financiada por Organizaciones No Gubernamentales (ONG).
Llorenty aseguró que la marcha de la CIDOB tiene injerencia foránea. Como muestra de ello expuso una carta enviada por la Central de Pueblos Indígenas del Beni (CPIB) donde se denuncia el accionar de dos ONG que son financiadas por USAID. Refiriéndose a la Asociación Boliviana para la Conservación (ABC) y Fundación Amigos de la Naturaleza, que convocaron a una reunión supuestamente para tratar un tema productivo, pero que en realidad era para organizar una movilización contra el Gobierno Nacional.
"Nosotros estamos abierto al diálogo, pero no podemos permitir que se restringa los derechos de todos los bolivianos para privilegiar a una minoría que obviamente tiene que ser cuidada y respetada, pero no bajo presión", indicó Llorenty.
Ante esa situación, la autoridad dijo que el Gobierno optó por negociar de manera separada con las organizaciones indígenas. En ese sentido, mencionó que sostuvieron una reunión con la Asamblea del Pueblo Guaraní, entre otras instancias, con quienes lograron importantes acuerdos, en el marco del respeto a los pueblos indígenas.
Esa declaración fue confirmada por el capitán grande del pueblo Guaraní, Quintín Valeroso, quien admitió que tienen previsto realizar una reunión con el Presidente del Estado Plurinacional, para tratar temas como los pasivos ambientales.
Sin embargo, Valeroso no quiso adelantar criterios sobre ese encuentro a fin de no entorpecer las negociaciones con el Gobierno Nacional.
