Opinion, Cochabamba, 5 Ago, 2010: La Fiscalía de Cochabamba pidió la máxima pena, seis años de cárcel, para los integrantes de la familia Saavedra, a la que acusó por el delito de legitimación de ganancias ilícitas.
Gracias a la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz este delito tiene una sanción de hasta 15 años de reclusión y tiene carácter retroactivo, pero en este caso no puede ser aplicada porque los miembros de la familia Saavedra no son funcionarios públicos, un requisito de esa normativa. Por ese motivo, el Ministerio Público pidió seis años de cárcel para el presunto clan y luego solicitó que sus bienes, valuados en tres millones de dólares, les sean confiscados y entregados definitivamente al Estado.
La fundamentación jurídica fue presentada por el propio fiscal del distrito de Cochabamba, Camilo Medina. La barra de la acusación está formada por seis fiscales preparados para hacerle frente a las presiones denunciadas por la ministra de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, Nardy Suxo.
Las reacciones no se dejaron esperar. Uno de los abogados de los procesados cuestionó la presencia de tantos fiscales. "Hasta el Fiscal de Distrito está aquí, ¿acaso no tiene otros casos que atender?", preguntó un defensor.
ANTECEDENTES Un operativo de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) descubrió en mayo de 2006 una presunta organización internacional dedicada al tráfico de drogas y al "lavado de dinero", compuesta por el grupo familiar Saavedra que, según el expediente del caso S-405/06, usaba empresas y propiedades como fachadas para legitimar el dinero ilícito.
La red acusada de traficar droga boliviana al Brasil, Australia y algunos países europeos surgió, según las investigaciones, en la década de los años 80.
El principal sindicado es Gastón Saavedra que fue detenido en Oruro en 1993. Esa detención, registrada en los tribunales como el caso S-401/93 marcó el principio de una investigación, destinada a indagar el origen de la fortuna familiar. Saavedra recobró su libertad y las sospechas de la FELCN cobraron fuerza porque en 2002, sólo dos años después de salir de prisión, el implicado compró el surtidor Las Islas por 1,5 millones de dólares, sin que el comprador acreditara una ocupación. El 17 de mayo de 2006 fueron allanados 10 inmueble y dos empresas del presunto clan, fueron confiscados 12 vehículos, descubiertas 10 cuentas bancarias, chequeras, tarjetas de crédito y títulos de propiedad. También fueron incautados 80.000 dólares en la casa de una de las acusadas.
CÓDIGO El 16 de abril de 2007 se estableció que la familia Saavedra era sospechosa de "legitimación de ganancias", sancionado por el artículo 181 del Código Penal, que contempla una condena máxima de seis años y la confiscación de los bienes cuestionados.
Fecha: 5-Ago-2010
Fuente: Opinion